A confesión de parte relevo de pruebas?

Hace no mucho tiempo, el Foro Agroindustrial de la Argentina elaboró un informe sobre el efecto de las retenciones sobre el salario real, la pobreza y la indigencia. El documento admite que la eliminación de las retenciones encarecerá el valor de la canasta básica y provocará un desfinanciamiento del Estado. El... mostrar más Hace no mucho tiempo, el Foro Agroindustrial de la Argentina elaboró un informe sobre el efecto de las retenciones sobre el salario real, la pobreza y la indigencia. El documento admite que la eliminación de las retenciones encarecerá el valor de la canasta básica y provocará un desfinanciamiento del Estado.

El valor de este reconocimiento estriba en que no se trata de un trabajo elaborado por sectores afines al gobierno. En efecto, el informe titulado “Evaluación de impactos económicos y sociales de políticas públicas en la cadena agroindustrial” fue realizado a instancias del Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina. El organismo cuenta entre sus integrantes a la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Bolsa de Cereales, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentina, la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios y las principales cámaras empresariales vinculadas con la actividad agroindustrial.

El documento original data de 2007 y a fines de 2009 se agregó un anexo (“Impactos económicos y sociales de la eliminación de los Derechos de Exportación y Restricciones a la Exportación en Argentina. Revisión de Estudios Recientes”), actualizando el análisis, pero sin alterar sus conclusiones finales. A pesar de la existencia de tal documento, el presidente de la SRA, Hugo Biolcati, y el titular de CRA, Mario Llambías, han evitado referirse a los daños colaterales de la eliminación de las retenciones sobre los sectores más vulnerables.

El documento explicita que la eliminación de las retenciones producirá el inmediato aumento de los precios al consumidor (encareciendo los productos de la canasta básica alimentaria) y, a partir de esto, aumentarán los niveles de pobreza e indigencia. Por otro lado, conducirá al desfinanciamiento del Estado. “El desmantelamiento de estas políticas (retenciones y restricciones cuantitativas a la exportación) elevaría el costo de la Canasta Básica de Alimentos en un rango que se ubica entre 9,6 por ciento y 14,5 por ciento”, señala el informe. Como consecuencia, “la incidencia promedio-país de la pobreza se incrementaría entre un 6,5 por ciento y un 10,5 por ciento” al tiempo que “la incidencia promedio-país de la indigencia se incrementaría entre un 15,5 por ciento y un 23,3 por ciento”.

Frente a estos efectos no deseados, la SRA y CRA proponen el asistencialismo como respuesta al crecimiento de la pobreza y la indigencia, cosistente en “un plan de bonos alimentarios”, cuantificado en seis mil millones de pesos anuales. No obstante, la instrumentación del bono alimentario se suma al otro efecto no deseado de la eliminación de las retenciones: el desfinanciamiento del Estado. En la actualización de 2009, el documento reconoce que “la Nación pierde ingresos por 11,1 mil millones de pesos”. Para compensar este déficit, SRA y CRA proponen aumentar la recaudación de otros impuestos, lo que supone una mayor carga impositiva sobre el sector no-agroindustrial y sobre los consumidores.

Sin embargo -y aquí viene lo mejor-, como compensación de estos daños colaterales, el estudio asegura que, en el largo plazo, el país se vería beneficiado por el “efecto derrame”, mediante el cual el crecimiento de la economía derivado de la mayor rentabilidad agropecuaria alcanzaría a toda la sociedad. Ya en una decidida línea de literatura fantástica, el documento sugiere que la eliminación de retenciones llevaría a la creación de entre 300 y 350 mil nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, admite que “la experiencia argentina durante los últimos veinte años muestra períodos en que su crecimiento económico estuvo acompañado por aumentos de pobreza (1990-1998) y otros más recientes donde ocurrió lo contrario”. Y también reconoce que “durante el período 1993-2005, en el sector de la agricultura y la ganadería, a pesar del importante crecimiento, el sector primario de la cadena agroindustrial no generó muchos empleos.

Los datos muestran que mientras en 1993 el empleo de este sector ascendía a 1.257.000 personas, para 2005 la cifra se ubicaba en 1.271.000 ocupados. Durante ese período, en que el empleo subió sólo un 1,1 por ciento, el PBI sectorial aumentó 45 por ciento”. El informe reconoce además que la creación de empleos “se concentraría en personas con bajos salarios que enfrentan niveles de desocupación relativamente elevados”.
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